Treinta años después del “crimen del siglo”, ¿por qué 34 puñaladas a un niño?”

Hay crímenes que terminan en un expediente y otros que se quedan —para siempre— en la memoria emocional de un país. A 30 años de la desaparición del niño José Rafael Llenas Aybar, reportada el 4 de mayo de 1996, y a las puertas de que Mario José Redondo Llenas —último condenado— recupere la libertad el martes 5 de mayo de 2026, tras cumplir 30 años de prisión, el caso vuelve a ocupar el centro de la conversación pública.

Para Francisco Domínguez Brito, en su rol de exfiscal vinculado a aquel proceso judicial, no es un “tema” que se revise con distancia. Es una experiencia que, según sus propias palabras, lo persigue como si hubiera estado allí, “en el momento donde se produce el crimen”: un expediente que se instaló “en la mente, en el alma”, y que no ha logrado quitarse de encima.

El país lo llamó “el crimen del siglo”. La víctima tenía 12 años. Su cuerpo apareció en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand, con múltiples heridas de arma blanca. El caso adquirió dimensiones nacionales no solo por la brutalidad, sino por el entorno familiar y los vínculos con figuras públicas que rodeaban a la familia Llenas Aybar.

Domínguez Brito lo dice sin rodeos: hay una pregunta que lo acompaña desde los interrogatorios. “Siempre me he preguntado por qué 34 puñaladas a un niño”, recuerda, y vuelve al momento en que uno de los imputados intentó explicar lo inexplicable.

La respuesta, reconstruida desde esa entrevista, es una escena cruda: el agresor dijo que veía al niño “caminando” hacia su tía —hacia su madre— para contar lo ocurrido, y que por eso quiso “asegurarse de que estuviera muerto”. La violencia, entonces, no fue solo el acto final de un secuestro: fue el intento de borrar testigos, de clausurar la posibilidad del relato, de apagar la voz de un niño que podía señalar.

La reflexión del exfiscal se detiene ahí, en el punto donde el expediente deja de ser papel y se convierte en espejo social: ¿qué pasa dentro de una persona para llegar a ese “asegurarse”? La cifra —34— deja de ser un dato y se vuelve símbolo: la repetición del golpe, el exceso, la insistencia. No como arrebato, sino como decisión.

Y hay otro detalle que, para él, no encaja en ninguna resolución judicial: imaginar qué pensaba el niño mientras iba encerrado en el baúl de un vehículo durante “treinta, cuarenta minutos”. Ese tiempo —que en la lógica penal se contabiliza como parte del hecho— en la lógica humana se vuelve tortura extendida.

En su lectura del caso, el móvil inicial tuvo un componente económico atravesado por una idea que suena pequeña frente al horror: la vanidad. Domínguez Brito afirma que siempre creyó que buscaban dinero “para comprar unos jet ski”, para estar “a la moda” con su grupo.

Esa hipótesis conecta con otra observación que asegura haber confirmado en estudios posteriores con adolescentes: la combinación de vanidad (ropa, tenis, celulares “de moda”) e impunidad (la creencia de que “no lo iban a coger preso”) como caldo de cultivo de delitos graves. La tragedia, en esa lectura, no nace de una marginalidad automática, sino del derrumbe moral de jóvenes que “lo tenían todo” y, aun así, cruzaron límites irreparables.

“No supe decir que no”: cuando el crimen también se arma por obediencia

Si la primera enseñanza aparece en el exceso de las 34 puñaladas, la segunda llega en forma de una frase breve, pronunciada desde el interrogatorio: ante la pregunta de por qué no impidió el ataque, —Juan Manuel Moliné Rodríguez (el cómplice) respondió: “Porque no supe decir que no”.

Domínguez Brito convierte esa línea en advertencia social. “Hay que saber decir que no”, insiste, y despliega ejemplos que sacan el caso de 1996 y lo traen al presente: un adolescente que se sube a un carro cuyo conductor está borracho; un grupo que consume drogas y empuja a otro a probar; una relación sexual sin cuidado que puede terminar en un embarazo no deseado. El punto, para él, no es moralizar: es describir cómo la presión de grupo y la fragilidad humana pueden construir tragedias en cadena.

Esa idea —la incapacidad de frenar, la obediencia por miedo al ridículo, la renuncia a la voluntad propia— es, en su lectura, una puerta para entender por qué, incluso cuando uno no ejecuta el golpe final, puede terminar cargando con el peso del hecho.

“Ahora debe buscar el perdón de Dios”: la salida legal y la condena que no termina

Con el calendario marcado, el país vuelve a la pregunta: ¿Qué significa que el último condenado salga libre tras cumplir su pena? Redondo Llenas recuperará la libertad el 5 de mayo de 2026, mientras que Moliné Rodríguez salió en mayo de 2016 tras cumplir 20 años.

Domínguez Brito evita dictar sentencia sobre si el victimario “estará reformado”. No se atreve a juzgarlo. Pero sí plantea un horizonte espiritual —no judicial— como único lenguaje posible ante lo irreversible: “Tiene que orar, buscar a Dios… buscar el perdón de Dios”.

La frase no funciona como absolución, sino como constatación de límites: ninguna condena devuelve a un niño. Y, frente a la familia, tampoco hay retórica que alcance. “Orar”, responde cuando se imagina hablando con los parientes de la víctima. Orar, como único verbo donde ya no hay reparación posible.

Jet Set y Llenas Aybar: dos impactos colectivos, una misma frustración

El impacto del caso Jet Set puede dimensionar el de 1996. Domínguez Brito aclara que “son cosas diferentes”: uno fue un secuestro y asesinato “a propósito” y “por dinero”; el otro, una tragedia masiva de distinta naturaleza. Pero el eco social existe: ambos casos sacuden al país y lo colocan frente a una exigencia recurrente —verdad, responsabilidad, justicia— que no siempre encuentra respuestas rápidas.

En el caso Jet Set, tras una audiencia preliminar atravesada por la tensión, denuncias de trato desigual y un debate sobre responsabilidad penal en torno al colapso del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025 y que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. Allí, además, aparecen señales que irritan a las víctimas: puertas cerradas, tecnicismos, discusiones “estrictamente técnicas”, y la sensación de que el proceso puede dilatarse.

La semejanza, entonces, no está en el hecho —un crimen planificado contra un niño versus un colapso que mató a cientos—, sino en el efecto: casos que reactivan la conversación sobre la justicia dominicana, su ritmo, su costo humano y su capacidad de sostener a las víctimas sin quebrarlas en el camino.

¿Qué está pasando con la justicia dominicana?

Domínguez Brito no coloca el foco en “la sociedad”, sino en el sistema. Lo describe como lento, complicado, capaz de “extenuar a cualquier persona”. En su diagnóstico, el problema no es solo de leyes, sino de procedimientos, protocolos y una cultura institucional que privilegia “la forma” por encima de “la verdad y el fondo”.

Plantea la necesidad de reiniciar un proceso de reforma “más rápida, más humana, menos cara”. Y lanza una alerta sobre cambios recientes al Código Procesal Penal: reconoce que en su momento tuvo un rol, pero sostiene que reformas posteriores “ahondaron” problemas en lugar de corregirlos.

En medio de esa crítica, marca una línea de defensa: jueces de carrera, fiscales de carrera, defensores públicos. Para él, esas figuras son parte de lo que todavía puede sostener credibilidad institucional, incluso cuando el resto del engranaje se percibe agotado.

Treinta años después, el caso Llenas Aybar vuelve no solo por el aniversario o por la fecha de salida del último condenado. Vuelve porque, como sugiere Domínguez Brito, hay heridas que no se cierran con una sentencia; y porque cada vez que la justicia se percibe lenta o distante, el país regresa a la misma pregunta, con distintas tragedias y el mismo desencanto: ¿Qé tan preparada está la República Dominicana para proteger a sus niños, acompañar a sus víctimas y castigar (sin espectáculo, pero sin impunidad) a quienes destruyen vidas?