Diputados aprueban proyecto que prohíbe entrar mercancías por sospechas de trabajo forzoso

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera lectura, un proyecto de ley que faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir la entrada al país de mercancías, productos o bienes que hayan sido fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

La iniciativa establece un procedimiento para investigar el origen de las mercancías y determinar si se utilizaron prácticas de trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de suministro.

El proyecto surge en medio de las presiones comerciales de Estados Unidos, que impuso un arancel del 12.5 % a los productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a otros países, bajo el argumento de que República Dominicana no prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Medidas provisionales
En sus artículos, la iniciativa también contempla medidas provisionales cuando existan indicios razonables de que una mercancía pudo haber sido producida mediante trabajo forzoso.

En esos casos, la DGA podrá suspender el despacho aduanero, retener temporalmente los productos o aplicar una prohibición provisional mientras se desarrolla la investigación.

Estas medidas, según la propuesta, tendrán una duración ordinaria de hasta 45 días, con posibilidad de extenderse por otros 30 días.

El proyecto asigna a la DGA la responsabilidad de conducir el procedimiento y tomar la decisión final sobre la prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en la cadena de suministro.

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Uno de los cambios que plantea el proyecto es que todos los importadores deberán declarar, al momento de presentar la Declaración Única Aduanera, si conocen o tienen motivos razonables para considerar que los productos que pretenden introducir al país fueron elaborados mediante trabajo forzoso.

La iniciativa también establece que una declaración falsa podrá generar sanciones administrativas conforme a la legislación aduanera, sin descartar posibles responsabilidades penales.

Además, dispone que los gastos generados por la retención de una mercancía, su devolución al país de origen o su destrucción correrán por cuenta del importador.