Muerte de Jocelyn Ceballo se suma a una cadena de feminicidios que deja 81 victimas en 2026

El asesinato de Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, presuntamente a manos de su expareja en San Juan de la Maguana, vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, donde durante 2026 se han registrado decenas de crímenes en circunstancias similares.

Entre los casos que han marcado el año figuran los asesinatos de Rosmery Sosa Rodríguez, Santa Sepúlveda, Katherine Méndez, Alfania Manuela, Providencia Marte, Diana Elena Evangelista, Nikaury Alicia Heredia Taveras, Yessika Álvarez Jiménez, Esmeralda Moronta de los Santos, Indhira Carolina Beltré, Belkis María Lantigua y Felicia Ramírez Capellán.

A esta lista se suman Dahiana Paulino Santos, Neliza Figueroa, Alicia (Francisca) Antonio Pierre, Nelki Alejandrina Rodríguez García, Aurelina Valdez, Ramonita Aquino Aquino, Nicauris de los Santos, Loyca Alvarado Adames, Maira Alejandra Lara, Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos y Albenis de Jesús Hernández, además de Jocelyn Ceballo Matrillé y Rosanny del Carmen Almonte Molina, asesinada en Esperanza, provincia Valverde.

La muerte de Jocelyn ocurrió la madrugada del 6 de noviembre en el residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana. La mujer recibió un disparo presuntamente ocasionado por Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, quien fue detenido por agentes policiales poco después del hecho. De acuerdo con las informaciones preliminares, la víctima había viajado con sus dos hijas menores tras recibir una invitación para compartir una cena. Las niñas se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el ataque.

El caso adquirió mayor dimensión tras las declaraciones de los familiares, quienes denunciaron presuntos antecedentes de maltrato y humillaciones durante la relación. Un cuñado aseguró que el hombre supuestamente la expulsaba de la vivienda, luego regresaba a buscarla y posteriormente volvía a echarla. También reclamó una condena de 100 años para el señalado y cuestionó que su capacidad económica pudiera favorecerlo.

La madre de Jocelyn, por su parte, lamentó no haber llevado a su hija a vivir con ella después de una primera agresión. «Yo tenía que tenerla en mi casa cuando él le dio la primera galleta», expresó entre lágrimas durante la llegada del cuerpo, al tiempo que pidió que las autoridades investiguen el caso sin dejarse influenciar por el dinero o las supuestas relaciones del detenido.

Apenas horas después, otro crimen contra una mujer fue reportado en el municipio de Esperanza, provincia Valverde. Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47 años, murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja sentimental, Leonalfry Torres Hernández, conocido como «Leo», quien posteriormente resultó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Un familiar de Rosanny aseguró que entre ambos existían antecedentes de violencia y que supuestamente había una orden de alejamiento contra el hombre. También relató que la víctima había sido agredida anteriormente y que horas antes del hecho habría acudido a presentar una denuncia.

Entre los episodios que marcaron los primeros meses del año figura el asesinato de Rosmery Sosa Rodríguez, de 30 años, considerada la primera víctima de feminicidio de 2026. La mujer, madre de tres niños, murió tras recibir varias puñaladas presuntamente de su pareja, en un hecho ocurrido el 2 de enero.

En enero también fueron asesinadas Santa Sepúlveda, una profesora de 32 años que, según sus familiares, recibía amenazas de su pareja; y Katherine Méndez, de 18 años, atacada con un arma blanca presuntamente por su compañero sentimental. Estos casos formaron parte de una cadena de crímenes que continuó durante febrero y marzo.

El 11 de enero, Alfania Manuela murió a tiros en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Su pareja, Rómulo Rafael Almánzar, fue señalado como responsable y posteriormente se suicidó. En marzo, Providencia Marte falleció después de que presuntamente su pareja la rociara con combustible y le prendiera fuego en la comunidad La Higuera.

Otro caso que provocó rechazo fue el de Diana Elena Evangelista, de 18 años, asesinada el 25 de abril en Villa Duarte, Santo Domingo Este, tras recibir múltiples heridas cortopunzantes. Por el hecho fue detenido Erick Daulin Urbáez Farcón.

En mayo, la muerte de Nikaury Alicia Heredia Taveras, de 27 años, también generó atención. La mujer falleció después de permanecer varias semanas hospitalizada por una herida de bala que habría recibido durante una discusión con su pareja, el agente policial Adonys Pimentel.

El 7 de mayo fue asesinada Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, presuntamente por el sargento policial Railin de la Rosa Moquete. La víctima era madre de un niño con síndrome de Down. Cuatro días después, Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, murió tras recibir disparos presuntamente de su expareja, Omar Tejeda Guzmán, en un colmado de Alma Rosa, Santo Domingo Este, donde intentó refugiarse mientras huía de su agresor.

También en mayo fue asesinada Indhira Carolina Beltré, de 33 años, en el sector La Toronja, Santo Domingo Este. Su expareja, Camilo Rodríguez, fue detenido como principal sospechoso. En junio, Belkis María Lantigua, de 53 años, murió en una cabaña de Nagua, presuntamente a manos de su exesposo, Héctor Rafael Hernández, quien posteriormente se suicidó.

Julio y agosto estuvieron marcados por nuevos hechos de violencia. Felicia Ramírez Capellán, de 46 años, fue asesinada en La Vega en un caso investigado como violencia vicaria, debido a que el crimen habría sido encargado por la expareja de una de sus hijas. En ese mismo período, Dahiana Paulino Santos, de 24 años, murió de un disparo presuntamente ocasionado por su expareja en Las Guáranas, provincia Duarte. Según sus familiares, horas antes había solicitado una orden de alejamiento.

El 2 de agosto, Neliza Figueroa, de 27 años, enfermera y madre de dos hijos, fue asesinada a puñaladas presuntamente por su expareja en el sector La Zurza, Distrito Nacional. Sus dos niños presenciaron el crimen y uno de ellos alertó a los vecinos. La joven había intentado obtener una orden de alejamiento, pero no llegó a conseguirla.

En agosto también fueron asesinadas Alicia (Francisca) Antonio Pierre y Nelki Alejandrina Rodríguez García, en hechos ocurridos en San Pedro de Macorís y Montecristi, respectivamente. En ambos casos, los presuntos agresores eran sus parejas o exparejas. Aurelina Valdez murió a tiros en Yamasá, provincia Monte Plata, mientras que Ramonita Aquino Aquino fue asesinada en Hainamosa, Santo Domingo Este, presuntamente por su pareja, un oficial retirado del Ejército.

En septiembre, el asesinato de Nicauris de los Santos, en Bayaguana, Monte Plata, volvió a poner sobre la mesa la efectividad de las medidas de protección. Según las informaciones publicadas, la mujer había conseguido una orden de alejamiento contra su expareja y recibido amenazas anteriores. Ese mismo mes, Loyca Alvarado Adames, de 37 años, fue reportada como desaparecida y posteriormente encontrada muerta. El Ministerio Público atribuyó el crimen a su expareja, quien enfrenta cargos por feminicidio agravado.

En octubre, Maira Alejandra Lara, de 36 años, murió por heridas de bala en Los Jovillos, provincia Azua, en un hecho por el que fue señalado un primer teniente del Ejército. También se reportaron otros episodios de violencia contra mujeres, incluidas agresiones que no terminaron en muerte.

La secuencia continuó en noviembre con los asesinatos de Yocanda Elizabeth Ramírez de los Santos, en Azua, y Albenis de Jesús Hernández, en Santiago Rodríguez. En ambos hechos, las exparejas fueron señaladas como responsables y posteriormente murieron.

Las historias tienen circunstancias particulares, pero varias comparten elementos que se repiten: conflictos durante la separación, amenazas, agresiones anteriores, persecución y dificultades para conseguir protección efectiva antes de que ocurriera la tragedia.

De acuerdo con la Fundación Vida Sin Violencia, hasta el balance divulgado el 6 de noviembre, 77 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2026, lo que representa un incremento del 51 % respecto al período comparable del año anterior. Estos crímenes dejaron a 110 niños, niñas y adolescentes sin sus madres.

La organización también identificó cuatro presuntos agresores pertenecientes a la Policía Nacional y otros cuatro a las Fuerzas Armadas. Además, registró siete agresores menores de edad y cuatro víctimas que contaban con órdenes de alejamiento.

En cuanto a la distribución territorial, la provincia Santo Domingo concentraba 24 casos, seguida del Distrito Nacional, con siete, e Higüey, con seis.

Las cifras del primer semestre ya reflejaban la dimensión del problema: entre enero y junio se contabilizaron 47 feminicidios, un aumento del 74 % frente al mismo período de 2025. Durante esos seis meses, 68 menores quedaron huérfanos, 38 de los crímenes ocurrieron en las viviendas de las víctimas y 11 agresores se suicidaron después de cometer los asesinatos.

Asimismo, los datos del Ministerio Público correspondientes al primer trimestre indicaron que el 86 % de las mujeres asesinadas no había presentado denuncias previas contra sus agresores.

El último balance público de 81 víctimas no incluye una actualización confirmada sobre los asesinatos de Jocelyn Ceballo Matrillé y Rosanny del Carmen Almonte Molina, ocurridos el 6 y 7 de noviembre, respectivamente. Por tanto, no es posible establecer todavía un nuevo total oficial a partir de esos dos hechos.