¿Con qué gobierno se come, se cura y se educa?

«Con la democracia no sólo se vota, sino también se come, se cura y se educa». La frase la repitió varias veces durante la campaña de 1983 Raúl Alfonsín, el abogado radical que se convertiría en el primer presidente de Argentina tras la última dictadura militar. Más que una consigna electoral, era una promesa y, de paso, una advertencia sobre lo que se le iba a exigir al régimen que volvía. No en vano quedó cristalizada en su discurso de toma de posesión o de «toma de protesta», como dicen los mexicanos.

El candidato ponía en evidencia algo que los politólogos solemos olvidar cuando nos ponemos estupendos hablando de instituciones o complejos modelos estadísticos, y es que los gobiernos, sean del tipo que sean, existen para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La democracia es una forma de gobierno determinada, es decir, un conjunto de reglas para decidir quién manda, por cuánto tiempo y con qué límites. Pero lo que Alfonsín intuyó es que la democracia solo iba a durar si demostraba que, además de justa, era más útil que el régimen anterior.

Cuarenta y tres años después, el último informe de Latinobarómetro permite revisar cómo va ese cometido y he de decir que no va nada bien. Como el mismo informe pone de relieve, se supone que América Latina es un continente democrático, pero siempre ha convivido con un grupo grande de detractores de la democracia, algo que frecuentemente pasamos por alto. Desde que en 1995 comenzó la medición, en torno al 15 % de los latinoamericanos sostiene que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. En 2026 son el 17 %, prácticamente la misma cifra que hace tres décadas. Ni las transiciones, ni el boom de las materias primas, ni las alternancias de izquierda a derecha y viceversa han movido de forma significativa ese número, lo que hace pensar que estamos ante un rasgo estable de nuestras sociedades y no ante el enfado pasajero de una mala racha.

A este grupo hay que sumar el de los indiferentes, ese 26 % al que le da lo mismo un régimen democrático o uno que no lo sea y que en 1995 apenas llegaba al 16 %. Mientras tanto, solo el 52% afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Dicho de otro modo, casi la mitad de los ciudadanos de la región o prefiere otra cosa o no le importa. Es más, el 52% reconoce que no le molestaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas.

Ante estos datos siempre me hago la misma pregunta incómoda: ¿puede funcionar un gobierno democrático con tanta población que no es democrática? Hasta ahora la respuesta ha sido que sí, aunque a duras penas, y más por falta de alternativas atractivas que por convicción. Sin embargo, el informe de este año sugiere que ese equilibrio depende cada vez más de lo que la democracia entrega, y es ahí donde las cifras se vuelven demoledoras.

Latinobarómetro pregunta cuánto ha hecho el Estado por usted y su familia en los últimos tres años. Aunque se hable de Estado, en la práctica es una manera de medir las políticas públicas que recibe cada ciudadano y el 73 % —10 puntos más que en 2011— responde que poco o nada. Apenas uno de cada cuatro latinoamericanos siente que el Estado ha hecho algo por él.

La caída en la satisfacción con los servicios concretos es brutal. En la última década, la satisfacción con la educación pública pasó del 53% al 40%, con los hospitales públicos del 39 % al 28 % y con el sistema judicial del 32 % al 22 %. La policía, que nunca estuvo bien valorada, baja del 34 % al 30 %. Para más inri, el 78 % no confía en que sus impuestos vayan a ser bien gastados. Sin duda, es el retrato del fracaso de la democracia como mecanismo para solventar necesidades, porque en la región se sigue votando —y mucho— pero cada vez menos gente siente que con ello se cura o se educa.

Hay una excepción que debería quitarnos el sueño a los que creemos en la democracia. En El Salvador, el 52 % dice que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos, el doble del promedio regional y doce puntos más que en 2011. El 76 % está satisfecho con la educación pública, el 75 % con la policía, el 57 % con el sistema judicial y el 51 % con los hospitales, de modo que es el único país donde la mayoría aprueba las cuatro instituciones medidas. También es el único donde menos de la mitad desconfía del destino de sus impuestos y el 95 % asegura no haber sido víctima de un asalto en el último año, algo impensable en el país que hace nada era sinónimo de maras.

En 2026 los ciudadanos más satisfechos con lo que reciben del Estado son los que tienen uno de los gobiernos menos democráticos de América Latina»

No es que todo funcione de manera perfecta allí, ni mucho menos. Lo que ocurre es que la gente ve mejoras evidentes en su barrio y en su vida diaria y, por lo tanto, está más satisfecha y apoya a su gobierno, hasta el punto de que el 78 % confía en el presidente. Lo interesante, a la vez que preocupante, es de qué gobierno estamos hablando. El propio informe clasifica a El Salvador como dictadura, la más joven de la región junto a las de Venezuela y Nicaragua, con reelección indefinida, concentración del poder y una política de seguridad que pasa por encima de los derechos de los detenidos. Es decir, en 2026 los ciudadanos más satisfechos con lo que reciben del Estado son los que tienen uno de los gobiernos menos democráticos de América Latina.

El mensaje que esto envía al resto del continente es devastador. Otra vez los derechos y las libertades aparecen como un estorbo para las políticas públicas y otra vez la eficiencia se presenta dentro de un marco de restricción a la libertad, como si una cosa fuera el precio de la otra. Y ese mensaje no cae en el vacío, sino sobre una región donde uno de cada seis ciudadanos ya prefería el autoritarismo, a uno de cada cuatro le da igual y a la mitad no le importaría un gobierno no democrático si le resuelve la vida. El modelo salvadoreño no necesita convencer a nadie, le basta con confirmar lo que muchos ya pensaban.

Conviene no engañarse sobre dónde está el problema. No creo que esté en los ciudadanos que quieren seguridad, escuelas y hospitales que funcionen, pues eso es exactamente lo que Alfonsín prometía. El problema está en unas democracias que llevan años sin cumplir esa misión y que han dejado el terreno libre para quien ofrezca resultados sin tener en cuenta el coste. Para el futuro democrático de la región, lo verdaderamente preocupante no es que haya dejado de sonar cierta la consigna de que con la democracia también se come, se cura y se educa, sino que cada vez más latinoamericanos empiezan a confiar en que el autoritarismo, además de todo eso, aporta seguridad.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com