Cuando la corrupción deja de ser delito y se vuelve sistema en República Dominicana

Por Servicios de Acento.com.do.- La corrupción en República Dominicana no puede seguir analizándose únicamente como una suma de casos aislados ni como simples desviaciones individuales. Ese fue el eje central del análisis expuesto por Anselmo Muñiz, director de Estudios y Relaciones Estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante su participación en el programa De Ética, donde planteó una idea clave: la corrupción opera hoy como un sistema estructural.

Muñiz explicó que hablar de corrupción sistémica implica entenderla como parte integrada del funcionamiento del Estado, del sistema político y del entramado económico y cultural del país. No se trata solo de funcionarios que incurren en malas prácticas, sino de incentivos, relaciones de poder y reglas informales que permiten que el uso discrecional de lo público se normalice y se reproduzca.

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Uno de los elementos centrales de este sistema es la combinación de clientelismo y neopatrimonialismo. El primero se expresa cuando los recursos del Estado se distribuyen como favores políticos para asegurar lealtades; el segundo ocurre cuando funcionarios utilizan lo público como si formara parte de su patrimonio personal, aun cuando existan instituciones, normativas y estructuras formales.

El análisis se contextualiza en un escenario de baja movilidad social, donde el mercado no garantiza oportunidades reales y el Estado se convierte en uno de los principales espacios de ascenso social. En ese contexto, prácticas como el nepotismo suelen dejar de percibirse como actos corruptos y pasan a verse como una obligación moral hacia la familia o el entorno cercano.

Durante la conversación también se cuestionó la idea de que más leyes y mayor burocracia sean suficientes para frenar la corrupción. Por el contrario, se advirtió que el exceso normativo puede generar mayores márgenes de discrecionalidad, mientras los mecanismos reales de supervisión, transparencia y rendición de cuentas resultan insuficientes frente a la magnitud del aparato estatal.

Muñiz alertó además sobre las consecuencias políticas de este fenómeno: la corrupción sistémica erosiona la confianza ciudadana, debilita la democracia y crea condiciones propicias para el surgimiento de discursos populistas que prometen soluciones rápidas, pero que suelen reproducir las mismas prácticas que dicen combatir.

Como vía de salida, el planteamiento va más allá del castigo penal. Se propone fortalecer un Estado social y democrático de derecho, con mayor garantía de derechos económicos y sociales, un sistema fiscal más justo, políticas públicas orientadas a reducir la desigualdad y un mayor control ciudadano sobre la gestión pública. Sin estos cambios estructurales, advirtió, la corrupción continuará adaptándose y operando como un sistema parasitario dentro del Estado.