Por L. Ranfis Leonida Dominguez Trujillo.- La reciente alocución oficialista trascendió cómo un tímido “mea culpa”, frente a su descalabro moral y estructural, y la evidente subordinación al narcotráfico que alimenta su maquinaria política. No basta con admitir que “hay problemas”; la verdad es más cruda, con narcotraficantes y lavadores financiando campañas, conquistando estructuras y comprando votos. Hoy ocupan escaños, dirigen territorios y determinan decisiones del Estado.
El dinero ilegal en política no es nuevo, es una llaga que lleva décadas lacerando el alma nacional.
El clientelismo y el uso obsceno de recursos son la norma, manipulando voluntades y destruyendo toda competencia democrática. Pero no ha sido por accidente, durante años se viene consolidando el sistema que empezó con las afamadas “funditas”, imponiendo imperceptiblemente la dependencia colectiva.
Se destruyó la educación, se promovió la ignorancia y se condenaron millones a la pobreza.
Progresivamente inflaron la nómina estatal y multiplicaron subsidios disfrazados de justicia social, erigiendo un país donde la mayoría depende del gobierno, con un costo político asequible para los más ricos o quienes venden su conciencia.
En esta distorsión, el crimen organizado encontró la oportunidad para infiltrarse. Aprovecharon el espacio político cómo negocio perfecto, financiando campañas a cambio de protección, impunidad e influencia.
Todos los partidos mayoritarios han sido beneficiarios de esta corrupción; ninguno tiene autoridad moral para señalar al otro. Ahí están los precedentes: las acusaciones de un narcotraficante condenado en EEUU contra un expresidente, y denuncias de que este fue ingresado al Ejército por otro jefe de Estado. Los escándalos políticos-incluyendo los últimos sometimientos internacionales-forman parte de nuestra cotidianidad. Todos acusan al otro, mientras beben del mismo pozo séptico.
Se han normalizado los aportes del narcotráfico y recursos indebidos, edificando así, ladrillo a
ladrillo, este narcoestado, donde los narcotraficantes no se esconden, actúan como líderes comunitarios, financieros, y autoridades electas. No sólo influyen, sino que deciden.
La política se ha transformado en una industria multimillonaria, y según fuentes oficiales, hasta el 60% del financiamiento proviene de fuentes no verificadas. En el 2020 se reportaron más de RD$8,500 millones en gastos, pero la realidad sobrepasa por mucho estas atenuadas cifras.
En el 2012 el despilfarro electoral del gobierno creó un agujero fiscal de tal magnitud, que el pueblo pagó con sangre, aumentando el ITBIS al 18%. En las elecciones del 2024, contemplamos otro derroche indecente del oficialismo que cargarán a la población con una inminente reforma fiscal.
Cuando un sistema exige tanto dinero, aparece donde sea, y quien paga, manda, pero quebranta la democracia, cerrándole el paso a políticos decentes, con recursos limitados. El mensaje que envía es brutal: la moral es un estorbo, la decencia un obstáculo y la honestidad una desventaja.
Este retroceso ha alcanzado tal profundidad que cada escaño tiene su precio, con un tarifario que determina el costo de cada curul según la demarcación. Los cargos electivos se han convertido en mercancía: quien no paga, no entra. Ante esta realidad, los discursos politiqueros resultan inútiles; lo que se necesita es acción.
Reformas para
la democracia:
La actual crisis requiere una metamorfosis urgente, imposibilitando una auténtica transformación
del estado, ensanchando la brecha social, y empoderando a sectores que tutelan y defienden el status quo.
Es imperioso eliminar el financiamiento estatal a los partidos para erradicar el parasitismo político, fomentando un modelo alternativo con iniciativas modernas y comprobadas: microdonaciones trazables con incentivos fiscales para estimular la participación; un fondo de debates y publicidad electoral que garantice igualdad de exposición sin entregar dinero; y aplicando límites o prohibiendo aportes corporativos para nivelar el campo electoral.
Debemos imponer topes estrictos al gasto de campaña, para reducir el costo de competir, de la mano de una Inspectoría Electoral, para auditar las finanzas de partidos y candidatos de manera constante, rigurosa y sorpresiva. Además, requiriendo una declaración de gastos en tiempo real, con un plazo máximo de 24 horas.
Es imperativo crear un registro de donantes, para verificar el origen de los fondos, su patrimonio y cualquier vínculo con el Estado, prescindiendo así la figura del “donante invisible”.
Urge implementar una certificación moral y financiera, por encima de la carta de buena conducta, con auditorías inteligentes, pruebas de no vinculación a actividades ilícitas, prohibiendo incluso, acreditar aspirantes con casos criminales pendientes. Los transgresores deben enfrentar consecuencias: destitución, inhabilitación y persecución penal, sin excepciones.
No podemos seguir arrodillados ante este flagelo que corrompe la política, distorsiona la voluntad
popular, y transgrede nuestra democracia. Estamos frente a una encrucijada: el narco elige, financia
y gobierna mientras la ciudadanía es espectadora de su propio secuestro. Si no enfrentamos con valentía este imperio del narcoestado, no quedará Patria que defender y la historia no perdonará nuestra indiferencia
Jenchy Suero
Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.
